Sueños postergados

Cuando Langston Hughes escribió sobre un sueño postergado (y se preguntó si este se seca como una pasa al sol), no necesariamente estaba pensando en estafas. Sin embargo, los sueños de inmigración de muchos hispanohablantes quedaron postergados (sino acabados) y su dinero terminó en los bolsillos de una pareja con base en Baltimore que les prometió ayuda con servicios de inmigración.

¿Cuál fue el problema? Ni Manuel ni Lola Alban estaban calificados ni autorizados para proveer servicios de inmigración. Y de acuerdo a los términos de la demanda de la FTC, el USCIS rechazó más de la mitad de las solicitudes de inmigración presentadas por los Alban. Esta fue una mala noticia para la gente de El Salvador y Honduras perjudicada por esta pareja.

Pero hay algunas buenas noticias. Hoy, la FTC anunció que una corte federal decretó que los Alban deben pagar una suma que asciende a $616,000 en concepto de reembolsos para la gente que usó sus – ejem, ejem – servicios. En la misma orden se establece que de ahora en adelante, la pareja no puede proveer ni promover estos servicios.

Pues entonces, ¿cómo puedes evitar a personas como los Alban? Puedes comenzar por aquí. Infórmate sobre cómo encontrar un representante o abogado especializado en asuntos de inmigración debidamente acreditado, entérate de cómo puedes verificar su legitimidad, y lee más sobre quiénes son las personas que no te pueden ayudar. La gente como los notarios, consultores de inmigración, Manuel y Lola Alban – y en ocasiones, los amigos con buenas intenciones – puede perjudicar tus probabilidades de inmigrar. Y también puede costarte un montón de dinero. Así que lo mejor es que busques y encuentres alguien que esté autorizado por el gobierno de EE.UU. para ayudarte. 

Y si te cruzas con una estafa por el camino: cuéntanos. Nos gustaría tener la oportunidad de detenerlos, y tu reporte puede hacer la diferencia.

Etiquetas: inmigración, notario
Tema del blog: 
Dinero y crédito

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Que hace que las dependencias reguladoras estén pendientes y lleven a cabo acciones contra aquellos que defraudan a los usuarios de los servicios públicos y a los consumidores.

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